Irun 2001-2002: Oiasso

En noviembre de 2000 el PNV, siguiendo las indicaciones de IBAA, presentó en el pleno una moción para modificar la Ordenanza del Alarde. La moción abandonaba los intentos de cambios profundos dentro de la Ordenanza y se limitaba a hacer desaparecer cualquier referencia al horario del Alarde Municipal. Así, la propuesta suponía “que los horarios del Alarde sean fijados, cada año, por acuerdo del Pleno en sesión, que podrá ser ordinaria o extraordinaria, a celebrar el mes de abril y posteriormente quedarán recogidos en el programa de fiestas que anualmente aprueba el Ayuntamiento”. La moción fue aprobada con los votos a favor de todos los partidos políticos excepto EH y una concejal socialista. Como consecuencia de esta decisión, BAE dio a conocer en rueda de prensa su intención de no seguir colaborando en la organización del Alarde Municipal. Señalaban que la modificación de la Ordenanza suponía la ruptura de los compromisos que el Alcalde había adquirido para la celebración del último Alarde y que, asumiendo que el camino del Alarde Municipal lo había agotado el propio Ayuntamiento, renunciaban a seguir colaborando con él.

En los primeros días de enero de 2001 tuvo lugar un suceso de importantes repercusiones mediáticas y legales. En 1998 seis mujeres habían interpuesto una demanda civil contra los organizadores del Alarde Tradicional. El Juzgado Municipal de Irun se pronunció sobre ella estimando que no tenía jurisdicción. El día 4 de enero de 2001, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia habida en primera instancia, afirmando que el Alarde Tradicional debía regirse por la Ley de Espectáculos Públicos y quedar, por tanto, sometido a autorización municipal. Dado que la ley de espectáculos públicos prohibía -y prohibe- los espectáculos discriminatorios, la cuestión parecía clara. Las reacciones a esta sentencia se produjeron de inmediato y fueron de profundo calado.

En el lado tradicionalista, la Junta del Alarde declaró que el último fallo era “insólito y sospechoso” (Gara 9/1/01). siguiente: Luis Blánquez, presidente de la Sala, había redactado como ponente una sentencia que entraba sobre el fondo del asunto y les daba la razón. Esa sentencia se había cambiado en el último minuto por otra en la que el Tribunal se declaraba incompetente. Ante esta situación, que ellos atribuyeron a presiones sobre el Tribunal, presentaron una denuncia al Consejo General del Poder Judicial.

Pero, ¿cómo podían ellos conocer el contenido de una sentencia que no se había hecho pública? La investigación del CGPJ determinó justo lo contrario de lo esperado: Era cierto que Blánquez había actuado de ponente, pero al no conseguir el acuerdo de sus compañeros, la sentencia fue redactada por Antonio Matías y Blánquez expresó un voto particular. Cuando la sentencia ya estaba redactada y firmada por la Sala, Blánquez introdujo en la misma un párrafo en el que revelaba el contenido de las deliberaciones. El ponente se dio cuenta de la modificación y subsanó el error, que podía llegar a ser causa de nulidad del procedimiento. Blánquez fue condenado a dos años de suspensión en sus funciones por desvelar secretos de las deliberaciones, por presionar al resto de los magistrados del Tribunal y por retrasar o desatender sus resoluciones de manera injustificada. Lo que había ocurrido en realidad era muy distinto a lo alegado por los tradicionalistas y las presiones sobre el tribunal habían venido de su lado.

En cuanto a los partidarios de la participación femenina, tras la sentencia de la Audiencia provincial, la Junta del Alarde Municipal entendió que "no siendo ya necesaria la organización de un Alarde específico, dado que cualquiera que pueda organizarse a partir de ahora deberá respetar la participación femenina, entendemos que nuestro tiempo de trabajo ha terminado". Es decir, la Junta interpretó que, al depender la organización de cualquier Alarde de una ley que prohibía la existencia de espectáculos discriminatorios, la participación de las mujeres estaba garantizada para cualquiera de ellas que lo deseara. Así, aunque el Alcalde volvió dirigirse a la Junta para que organizara el Alarde de 2001, la suerte del Alarde Municipal estaba echada.

Terminaba así la época de los Alardes Municipales en Irun

En mayo, la Junta del Alarde Oficial –ahora llamado “Por un solo Alarde”- reiteró su negativa a seguir organizando el desfile del modo en que lo había hecho durante los tres últimos años.

Ese mismo mes se dio a conocer la iniciativa de un grupo de personas, partidarias de ambas opciones, de firmar por primera vez un documento conjunto a favor del diálogo. Declaraban que la solución debía ser dialogada y emplazaban al Ayuntamiento a liderar el proceso.

Su propuesta concreta era la incorporación de una compañía mixta, pero, rápidamente, los grupos partidarios del Alarde Tradicional rechazaron la propuesta de diálogo, tachándola de manipuladora.

El Ayuntamiento aprobó una declaración institucional en la que, simplemente, solicitaba respeto hacia el Alarde tradicional.

El 14 de junio se celebró una asamblea de partidarios de la participación de las mujeres con el objetivo de articular su participación en el Alarde Tradicional. Tras largas e intensas discusiones, se propuso la creación de una nueva compañía (Oiasso) que permitiera la participación de mujeres y que una de las compañías ya existentes las admitiera también entre sus filas. Leer el comunicado

El día 27, cuando el Alcalde autorizaba la celebración del Alarde Tradicional sin la presencia de mujeres, nadie había contestado aún a la propuesta. La autorización del Alcalde fue recurrida ante el TSJPV y se pidió la adopción de medidas cautelares. Y fue en este punto cuando las resoluciones jurídicas dieron un brusco viraje: el Tribunal, otra vez el día 29, rechazó la adopción de medidas y, como consecuencia, los hombres y mujeres de Oiasso y aquellas que trataran de participar en otras compañías no contarían con apoyo legal para integrarse en el Alarde de 2001.

En estos días se inició también una campaña de los medios derechistas para implicar a los partidarios de la participación femenina con la “kale borroka”. Así, el periódico ABC encabezó su primera referencia al conflicto del Alarde con el titular “Los proetarras planean reventar las fiestas de Irun con actos de terrorismo callejero 'estilo Vergara'” Ver la noticia en ABC. Fue sólo la continuación de un claro intento de intoxicación, de mezclar la reivindicación feminina con la política, que se había producido desde el primer día y que, en manos de ABC alcanzó nuevas cotas.

En las calles, entre tanto, los tradicionalistas adoptaron la táctica de llamar a la Ertzaintza cada vez que una mujer trataba de integrarse en los ensayos. Al mismo tiempo, la Compañía Oiasso sufrió diversos forcejeos y conatos de tapón durante el desarrollo de sus propios ensayos. El día 29, grupos de mujeres intentaron integrarse en las compañías de Ama Xantalen, Buenos Amigos y Ventas, sin más resultado que la presencia de la Ertzaintza; Oiasso no consiguió que el general Tradicionalista, Beñardo Urtizberea, le pasara revista.

El día 30 se pusieron en marcha dos estrategias distintas. Por un lado Oiasso, consiguió escabullirse del cordón policial y se colocó muy cerca del recorrido del Alarde. Pero el público asistente y la policía volvieron a impedirle el paso. Entre tanto, en la plaza Urdanibia grupos de hombres y mujeres estaban intentando entrar en las compañías tradicionales. La Ertzaina cargó con contundencia, hubo varios heridos y tres detenidos. Por la tarde volvieron a sucederse los intentos por entrar en el Alarde, en distintas partes de la ciudad, con el resultado de otros tres detenidos.

En marzo de 2002 estalló el escándalo al saberse que Alberto Buen dejaría la alcaldía de Irun para desempeñar el cargo de adjunto al Ararteko, cargo al que había desoído sistemáticamente. De inmediato se sucedieron las reacciones, primero de los partidarios de la incorporación de las mujeres a los Alardes, luego del propio candidato a Ararteko, Joaquín Okiñena, del PNV, EA, IU, del los editoriales de diversos periódicos, etc. El tripartito solicitó del PSOE la propuesta de otro candidato para adjunto, pero los socialistas se empeñaron en condicionar su sí a Okiñena al acceso de Buen al puesto. En estas circunstancias, Okiñena acabó por renunciar al cargo debido a “problemas de conciencia”.

La situación en los días previos al Alarde fue casi idéntica al año anterior; el día 26 el Ayuntamiento autorizó la celebración del Alarde tradicional bajo la forma de espectáculo público, pero sin mujeres; la compañía Oiasso fue insultada y agredida mientras realizaba sus ensayos y varias mujeres intentaron entrar en las compañías tradicionales, sin que la Ertzaintza lo permitiera.

El día 30 Oiasso utilizó una estrategia completamente nueva: se adelantó al Alarde Tradicional y ocupó el espacio de la Arrancada. Sus integrantes se sentaron en el suelo y extrajeron de sus bolsillos carteles en los que se leía: “Es necesario erradicar de una vez por todas, cualquier forma de discriminación entre hombres y mujeres. Juan Jose Ibarretxe. Lehendakari. Discurso de investidura 11 de julio de 2001.” Ver cartel

La policía autónoma procedió a retirar de la calzada a los integrantes de la compañía uno por uno, con bastante violencia y sin mayores miramientos. El acto consiguió un gran impacto mediático.

Otro importante grupo de mujeres trató de incorporarse al Alarde en distintos momentos del mismo, pero, o bien el público o bien la policía, se lo impidieron.

El 6 de julio el TSJPV da a conocer su sentencia sobre los alardes privados, en el sentido de estimar que los permisos dados por el Ayuntamiento de Irun para la celebración del Alarde tradicional como espectáculo público, eran correctos. Se basaba para ello en la libertad que otorga el derecho de asociación a organizar privadamente actos frente los cuales el principio de igualdad tiene menos fuerza que frente a los poderes públicos.

Ante el agotamiento del modo de lucha adoptado en los dos últimos años y ante esta nueva resolución, se imponía una profunda reflexión