1997

De Junio del 96 a junio del 97

A lo largo del verano de 1996, sin embargo, la tensión siguió creciendo, ante la perspectiva de la llegada del 8 de septiembre y el intento de algunas mujeres hondarribiarras de formar parte del Alarde. Con algunas diferencias respecto de Irun, en Hondarribia se repitió el proceso de desprecio y falta de escucha de las reivindicaciones femeninas. Llegado el día, veinticuatro mujeres esperaron durante horas, ocultas y agachadas en la oscuridad, en un portal de la calle Mayor, con la esperanza de alcanzar siquiera a dar unos pasos dentro del Alarde.

La violencia que se desató cuando salieron fue estremecedora y alcanzó no sólo a las mujeres, sino también a sus acompañantes, a los fotógrafos y cámaras de televisión, etc. Tampoco aquí el ni alcalde ni el concejal de cultura dieron importancia a los hechos y ningún político local afeó la conducta de los ciudadanos, ni pidió respeto para las mujeres. Las consecuencias de esta actitud serían gravísimas durante los años siguientes.

El curso que llevó desde el Alarde de Hondarribia en septiembre de 1996 al Alarde de Irun de 1997 fue, seguramente, el más activo para los defensores de ambas posturas.

Los contrarios a la participación femenina comenzaron a organizarse y, así, se creó un grupo que iba a tener un importante protagonismo: "Betiko Alardearen Aldekoak"; primero en Hondarribia y meses más tarde en Irun. Según sus declaraciones, el objetivo de la nueva asociación era la defensa del "Alarde Tradicional" desde los argumentos y su método de trabajo consistiría en estudiar el Alarde a través de la recopilación informes, recortes, datos y citas de las que darían conocimiento a la ciudadanía a través de notas informativas. En la teoría, todo resultaba razonable y democrático; en la práctica, sus integrantes estuvieron muy lejos de las intenciones declaradas.

Un resumen de lo ocurrido en esos meses incluiría los siguientes datos: En noviembre se convocó en Hondarribia la primera manifestación pro-Alarde Tradicional, seguida de otra al mes siguiente; IU propuso la creación de una compañía mixta en Irun; BAE convocó a sus partidarios los 30 de cada mes para reivindicar la participación femenina; en el mes de diciembre organizó una mesa redonda con cinco especialistas de distintos ámbitos; se creó una nueva Asociación, Juana Mugarrietakoa –integrada en BAE- para tratar específicamente el tema de la integración en el Alarde de Hondarribia; vio la luz la célula irunesa de Betiko Alardearen Aldekoak (en adelante IBAA) y, finalmente, BAE convocó una manifestación de apoyo a sus reivindicaciones para el 9 de marzo. Todo ello en el plazo de apenas cinco meses.

A pesar de las manifestaciones y de la apariencia de enfrentamiento, durante ese tiempo se estaban produciendo conversaciones entre los tradicionalistas de IBAA y BAE. En ellas se trabajaba sobre la posibilidad de organizar conjuntamente una mesa redonda de debate, para la que los tradicionalistas pusieron como condición –aceptada por BAE- que todos los ponentes fueran de Irun. Sin embargo, en torno a marzo, los tradicionalistas anunciaron la ruptura de las conversaciones, aunque lo cierto es que éstas continuaron aún un poco más. El primero de abril, BAE se dirigió al Alcalde para comunicarle que, tras las faltas de respeto habidas en la última reunión, daba por rotas las negociaciones. Los tradicionalistas pusieron como argumento la interposición por parte de trece miembros de BAE de un recurso contencioso administrativo contra la declaración de la Junta del Alarde de Irun de 11 de mayo de 1996 en la que se afirmaba que el “Alarde estará constituido por varones.” En su opinión, la judicialización del conflicto suponía el fin de cualquier diálogo, pero ¿Qué otra posibilidad cabía? El contenido de las conversaciones se había vuelto repetitivo: BAE afirmaba que la participación femenina era un derecho fundamental; los tradicionalistas contestaban que eso debía declararlo un tribunal. Pues bien, que lo declarara, y de ese modo se podría avanzar y salir del bucle.

La interposición del recurso iba a resultar capital para el devenir de los acontecimientos durante los siguientes años. El mismo mes de marzo de 1997 el recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (en adelante TSJPV).

Con la vista puesta en la resolución que pudiera recaer en el recurso, el pleno municipal de abril aprobó una moción que, previamente, habían consensuado el PSOE, el PNV y PP. La moción instaba al cumplimiento de las resoluciones judiciales y, en tanto éstas no se produjeran, al respeto de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento se comprometía a promover puntos de encuentro entre ambas partes para encontrar una solución consensuada. Como veremos, todos y cada uno de los puntos de la moción fueron incumplidos por aquellos que la propusieron y aprobaron.

Como modo de saber cuál era la voluntad mayoritaria que debía ser respetada mientras no recayera sentencia judicial, el Ayuntamiento encargó a la UPV una encuesta de opinión, cuyos resultados se dieron a conocer poco después del pleno municipal. Los propios investigadores destacaban tres datos:

1. El enorme arraigo de la fiesta, que es seguida por cuatro de cada cinco entrevistados
2. El alto grado de posicionamiento ante el conflicto, pues sólo uno de cada diez entrevistados permanece indiferente.
3. Los índices de radicalización, pues casi el 40% de los encuestados no estaba dispuesto a ceder en sus posturas a pesar de que se pudiera llegar a enfrentamientos directos, incluso físicos. De ese 40%, el 52% pertenecía a la postura tradicionalista, mientras que entre los partidarios de la participación de las mujeres bajaba al 18%.

Por lo que se refiere a los resultados en sí mismos, el 21 % de los irundarras apostaba por la integración femenina, lo que, dada la presión existente, fue considerado muy positivo desde BAE. Ese porcentaje subía hasta el 30,7% en la franja de 26 a 35 años. En general, la encuesta sirvió sólo para demostrar lo evidente: que la mayoría de la población era contraria a la participación femenina. Pero también para constatar hasta qué punto la situación podía volverse difícil de manejar, con un 40% de ciudadanos dispuestos a llegar al enfrentamiento físico antes de ceder en sus posicionamientos.

La prueba de la veracidad de la encuesta en este extremo estaba a punto de producirse...

El Alarde de Irun en 1997

La primera tuvo lugar ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, cuyo pleno se había expresado días antes a favor de la participación igualitaria. Mientras BAE reiteró su voluntad de dialogar hasta la extenuación, pero también su imposibilidad de hacerlo por la falta de interlocutores que las recibieran, los representantes de IBBA comenzaron por afirmar la “falta de legitimación” del Parlamento Vasco para tratar el tema. Sin embargo, sí parecían otorgar legitimidad a los tribunales de Justicia, puesto que instaron a la propia Cámara y a BAE a que respetara las resoluciones judiciales. Otro tanto hicieron los mandos de Alarde el día 15 de junio a través de un comunicado.

Pocos días más tarde, el 24 de junio, hubo una resolución judicial que ser respetada: el TSJPV ordenó al Ayuntamiento a través de un auto de medidas cautelares que permitiera desfilar a las mujeres. A partir de este momento los acontecimientos se suceden con tal velocidad y confusión que, para el recto entendimiento de lo que ocurrió, lo mejor es dividirlo por días.

El auto del TSJPV no entraba a juzgar el fondo del asunto, sino que, dictaba unas medidas cautelares, provisionales. En ellas, obligaba al Ayuntamiento a permitir la participación de mujeres en el Alarde de 1997 a través de una “formación propia” que podía ser suprimida con posterioridad, cuando el Tribunal se pronunciara. El TSJPV no daba mayores detalles sobre el modo en que esa formación debía ser organizada, siempre que se desfilara con “dignidad y marcialidad”. Sin embargo, el Alcalde emplazó a BAE a formar en 24 horas una compañía propia -es decir, con mandos, músicos, cantinera, etc-. Además, rechazó la solicitud que HB-IU-EA presentaron en la Junta de Gobierno celebrada ese día en el sentido de que se intentara que algunas de las compañías ya existentes permitieran la participación de mujeres.

El Alcalde advirtió también de que, una vez aceptada su propuesta por BAE, “habría que convocar a la Junta del Alarde para que dictaminase”. Desde luego, la resolución judicial no decía nada sobre ese dictamen, ni otorgaba autoridad alguna a la Junta del Alarde.

Por la mañana, BAE presenta en el Ayuntamiento una solicitud para que se autorizara la creación de una “unidad propia” –no sujeta a los requisitos numéricos y formales que exigía la Ordenanza para las compañías ordinarias de Infantería, ya que estos resultaban imposibles de cumplir en el plazo de 24 horas. En la solicitud se subrayaba que la resolución del Alcalde no respetaba el espíritu del auto judicial.

Por tanto, aunque con matices, BAE aceptó la resolución judicial y el emplazamiento de la Alcaldía. Faltaba ahora que, según había establecido el Alcalde por su cuenta, la Junta del Alarde se pronunciara.

Por la noche, mientras tenía lugar una asamblea multitudinaria de partidarios de la incorporación de la mujer al Alarde, se celebró esa Junta del Alarde. Durante la misma, dimitieron sus nueve miembros no políticos, así como el representante del PNV. Según afirmaron habían optado por la dimisión dado que “los jueces no han tenido en cuenta nuestra explicación sobre lo que es el Alarde tradicional”. Dado que conocemos muy bien la composición y el poder de esa Junta, es fácil darse cuenta de la importancia y trascendencia de lo que acababa de ocurrir. Y también era fácil prever lo que iba suceder a continuación -aunque, en la confusión de los acontecimientos nadie fue capaz de intuirlo-, cuando esos mismos miembros de la Junta declararon que “Los mandos no pueden suspender el Alarde, pero pueden no participar”.

El Alcalde acepta la “formación propia” solicitada por BAE, siempre que se cumplieran dos condiciones: que se nombraran dos mandos o responsables y que se colocara detrás de la Batería de Artillería. Este segundo requisito resultaba de una mezquindad dramática, pues hasta los niños sabían en Irun que el Alarde en su aspecto más emocional terminaba con la Artillería, siendo lo que venía después –la propia Corporación –la nada.

Todos los grupos políticos, excepto el PNV, apoyaron la decisión del Alcalde, en tanto que IBAA –que, recordemos, había instado al propio Parlamento Vasco a cumplir escrupulosamente las resoluciones judiciales –dio a conocer un comunicado en el que solicitaba al pueblo irundarra que “no secunde con su presencia la pantomima”. Por la tarde se reunieron los Mandos del Alarde para, después de tres horas y media de debates, proceder a votar sobre el cumplimiento de la resolución judicial. El TSJPV tampoco había reconocido ningún protagonismo a la Junta de Mandos, ni, mucho menos, el poder de decidir si se cumplía o no su auto, pero sí lo había hecho el Alcalde, la primera autoridad civil de la localidad. Además, fue también él quien retuvo durante dos días el resultado de la votación de los mandos, lo que no hizo sino aumentar la tensión.

BAE solicitó al Alcalde que se colocara a la “formación propia” detrás de la última compañía de Infantería y antes de la Artillería. Ir detrás de Artillería suponía en realidad no estar incorporadas en el Alarde, sino unirse a él de forma externa. El Alcalde se comprometió a entablar conversaciones con los mandos para trata de buscar otra ubicación, lo que volvía a resultar sorprendente. Era una organización completamente ajena al Ayuntamiento la que decidía el modo en que éste debía responder a una resolución judicial de obligado cumplimiento.

Todo se precipitó. Por la mañana, se dio a conocer el resultado de la votación de los mandos. El General Vergara anunciaba: “El resultado ha sido el siguiente: 15 votos para que se celebre el Alarde tradicional, transigiendo que las mujeres salgan detrás antes que suspenderlo, y 12 votos que no.” El General anunció, también, que acataba el resultado ya que “según lo acordado, la votación debe ser vinculante para todos”. Sin embargo, los doce mandos que habían votado en abandonaron el Ayuntamiento, presentando al Comandante Beñardo Urtizberea su dimisión por escrito. Información en "Irunero" del mes de julio.

A día de hoy sigue siendo necesario repetir este dato:

Los mandos aceptaron por mayoría la presencia de las mujeres detrás de la batería de Artillería en una votación que previamente habían declarado como vinculante para todos.

Minutos después de conocerse el resultado de la votación tenía lugar la salida de la comitiva del aurresku hacia la Iglesia parroquial. Sin embargo, la Banda de Musica Ciudad de Irun –cuya principal fuente de financiación era el propio Consistorio- se insubordinó y decidió no acompañar a la corporación, llegando muchos de sus miembros a increpar y zarandear a la concejal Maribel Castelló. El aurresku se suspendió por el ambiente de tensión y los gritos de “fuera” y “traidores” que se dirigían a los concejales.

Por la tarde, dos hechos tuvieron lugar al mismo tiempo. En un local de la parte vieja de la ciudad, un grupo numeroso de mujeres discutió durante casi diez horas si aceptar o no ir detrás de una batería de Artillería que nunca aparecerá. Sobre las cinco de la tarde comenzaron a llegar hombres a la reunión, hombres que habían sido expulsados de sus compañías por ser sospechosos de simpatizar con las mujeres que querían desfilar. Según cuentan en la reunión y publican al día siguiente –demasiado tarde –los periódicos, los soldados de las compañías “fueron recibiendo la convocatoria de sus capitanes para asistir al Alarde alternativo.”

La confusión era enorme: muchas compañías no se pusieron a las órdenes del General –al que no acompañaba el Comandante- durante la revista de Armas, negándole el banderín y recibiéndole con abucheos y malos gestos. La ciudad se llenó de pasquines llamando a desfilar a las 8:15 desde el barrio de Dunboa y no acudir a la tradicional arrancada en la plaza Urdanibia. A lo largo de la tarde-noche, llegaron noticias de compañías enteras que había decidido desfilar en el Alarde Alternativo y, aunque, por ejemplo, la batería de Artillería emitió un comunicado anunciando que acataba el resultado de la votación, a primeras horas de la madrugada no quedaba ya compañía que resistiera.

Por su parte, BAE y el resto de miembros de la “formación propia” decidieron aceptar el lugar que el Alcalde les había asignado, detrás de la Artillería, y dos representantes acudieron al domicilio del general Vergara para ponerse a sus órdenes. Pero nadie las recibió.

Por la mañana, en la ermita de Ama Xantalen, aún había esperanzas de que alguna compañía compareciera. No será así. Incluso el General Vergara fue “persuadido” durante la noche para que encabece el “Alarde alternativo” que resultó multitudinario. Le acompañaba al frente de la tropa el dimitido comandante, Beñardo Urtizberea.

Aún hoy resulta difícil de explicar lo ocurrido y dónde quedó la dignidad de los quince capitanes que votaron favorablemente.

La “formación propia” realizó la Arrancada a la hora fijada por la Ordenanza, entre agresiones y lanzamientos de botellas que causan varios heridos. Subieron por una cuesta San Marcial casi vacía de público; iban rodeadas por un cordón de seguridad espontáneo que se llevó la peor parte de las agresiones, pero que no las abandonó, por el contrario, se hizo más y más numeroso. Llegaron a las puertas del Ayuntamiento, donde solicitaron que les fuera entregada la bandera de la Ciudad, por considerar que integraban el único Alarde legítimo que ese día transcurría por la ciudad. Sin embargo, no sólo no se les entregó la bandera sino que se les comunicó que el Alarde había sido suspendido.

Las autoridades civiles que semanas antes habían instando al cumplimiento de las resoluciones judiciales – como si pudieran hacer otra cosa en un Estado de Derecho- las incumplieron notoriamente, sin que se produjera ninguna consecuencia más allá de la conculcación de un derecho fundamental de las mujeres irunesas. Un concejal socialista declaró: “Ver cómo tu pueblo desprecia las instituciones, desde el Parlamento hasta el Ayuntamiento pasando por los Tribunales, no deja de ser triste. Hace apenas un mes el Ayuntamiento adoptaba un acuerdo en el que nos comprometíamos a acatar la decisión judicial. Pero ese acuerdo no ha servido absolutamente para nada.”

A pesar de la suspensión, la “formación propia” realizó completo el recorrido tradicional, en tanto que aquellos que habían afirmado que el Alarde estaba fundamentado en tres bases (“El lugar, el tiempo y la coreografía”) desafiaron y contravinieron todas las tradiciones, sólo para poder mantener la exclusión de sus conciudadanas y, de paso, hacerse con el poder definitivo en la fiesta.

Las verdaderas claves de lo que había ocurrido eran en realidad muy otras. El día 1 de julio El Mundo publicaba un artículo titulado “El pacto político de San Marcial”, donde daba algunas claves de lo sucedido. “El recorrido alternativo” –decía- “y los actos posteriores habían sido previamente pactados. (...) A lo largo de la semana pasada, las direcciones de los partidos estuvieron negociando con sus representantes en Irun para estudiar la posibilidad de salvar la situación sin desobedecer al TSJPV. El PSE obligó al alcalde Buen a asumir, al menos formalmente, la resolución de la justicia; EA y PNV mantuvieron conversaciones para ver qué hacían (...) sin que se enfadaran en Irun, pero atendiendo al dictamen judicial. Además, ninguna de estas tres formaciones políticas ha puesto en marcha los mecanismos disciplinarios internos con los que cuenta para castigar a aquellos representantes que públicamente no mantengan la disciplina de partido."

Y así, con la incapacidad de los poderes públicos de garantizar un derecho fundamental de las mujeres y la complicidad de algunos partidos políticos, la ruptura social comenzada el año anterior aumentó y se hizo crónica.